En Chihuahua hasta las vacas se robaron

Esta es la historia de mil 408 reses que, tras haber sido importadas de Nueva Zelanda con financiamiento gubernamental, no llegaron a los pequeños ganaderos a las que estaban destinadas. En cambio, una parte fue a dar a ranchos del ex mandatario de Chihuahua, César Duarte, y otra a familiares de su amigo, el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, ambos priistas. Parte de este caso ya había sido ventilado en otros medios. Ahora, Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) ha encontrado documentos oficiales que demuestran la odisea de estas reses y cómo fueron desviadas de su destino, para ir a pastar como propiedades de estos políticos.

MIRIAM CASTILLO

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

 

El barco proveniente de Nueva Zelanda, que llegó en junio de 2015 a Mazatlán, en las costas de Sinaloa, era un edificio flotante de ocho pisos, cargado de vacas y borregos. Los borregos se fueron al Estado de México. Las reses se dividieron entre Hidalgo y Chihuahua. A este último estado se destinaron 1 mil 408 reses, que representaban una esperanza para los pequeños productores después de dos años de sequía. Ante la escasez de alimento, muchos ganaderos se habían enfrentado a la disyuntiva de sacrificar algunas reses para la supervivencia de otras.

Para remediar la crisis, a mediados de 2014, se implementó en Chihuahua un programa de “repoblamiento de cría”, es decir, cruzar reses extranjeras con locales. Es una práctica frecuente, que la SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) pone en marcha en diversas regiones de la república. En esta ocasión lo impulsaba el propio gobernador de la entidad, César Duarte, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural del estado. La idea era aumentar el número de animales e incrementar sustancialmente la calidad de la carne.

El esquema preveía que los productores medianos y pequeños podrían obtener hasta 10 vaquillas, mientras que las organizaciones ganaderas recibirían máximo 45 cabezas. En documentos oficiales consta que el valor total de los animales superó los 700 mil dólares —unos 11 millones 32 mil pesos, según el tipo de cambio vigente entonces—. Estos datos provienen de un convenio marco firmado desde 2011 que daba legalidad a la asignación de vacas.

Pero no fue el caso con este casi millar y medio de vacas. El destino de los animales que llegaron en junio de 2015 de Nueva Zelanda se torció en inconsistencias burocráticas y una deliberada mezcla de registros y métodos de reubicación de las reses, según consta en registros de tránsito de ganado y documentación de la Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua a la que MCCI tuvo acceso.

Las vaquillas llegarían a México a una edad que oscilaba entre los 12 y 18 meses, aún sin ser esas moles de poco más de media tonelada. Les llaman “vientres”, es decir son hembras y de hecho venían cargadas. Así que la esperanza para los pequeños productores era mayor: obtenían la vaca y una cría. No se parecen a las reses blanco y negro que salen fotografiadas en los cartones de leche. Son de color café, característico de las razas Hereford y Angus, destinadas a la producción de carne.

Programas similares se han aplicado con recursos federales y, en este sexenio, forman parte de la Cruzada contra el Hambre. Se busca que los ganaderos de municipios que tienen bajos índices de desarrollo tengan la posibilidad de generar un mercado autosustentable.

 

Tales acuerdos, que se publican de tanto en tanto en el Diario Oficial de la Federación, excluyen a grandes productores debido a que estos no requieren de apoyos financieros para lograr este tipo de mejoras.

 

En su momento las publicaciones de Proceso y la Jornada reportaron la movilización de 345 cabezas de ganado a los ranchos de César Duarte a través de prestanombres como Raúl Enrique Javalera, ex director de la Comisión Estatal de la Vivienda.

 

Esta investigación de MCCI reporta que en total arribaron a los terrenos del ex gobernador de Chihuahua casi 900 reses, además de que otras fueron trasladadas a ranchos de Nayarit, contraviniendo las leyes con las que fueron compradas las vacas.

 

Lo que el actual gobierno de Chihuahua tiene por seguro es que este apoyo ganadero no llegó a muchos de los nombres que incluía un convenio firmado entre las autoridades del anterior gobierno estatal y la Unión Ganadera División del Norte, y que lo mismo ocurrió con un acuerdo entre esa unión y Financiera Rural, organismo federal que otorgó las garantías líquidas–es decir que era quien respaldaba a los ganaderos para que fueran sujetos de crédito–para que se diera un préstamo a los pequeños productores que habían resentido una severa sequía en 2013.

En ese año, la falta de lluvias provocó que los terrenos donde pastaban las reses no fueran suficientes para alimentarlas. Así que tenía que decidirse cuántas y cuáles podían sobrevivir para que la comida no escaseara.

Es decir, los pequeños ganaderos, que necesitaban las vacas para mejorar la calidad de la carne y su productividad, se quedaron con los estragos por las escasas lluvias y encima perdieron hasta 20 mil pesos cada uno por el crédito que tuvieron que solicitar para adquirir animales que nunca les llegaron.

En la lista original que se tenía de beneficiarios sumaban 93 pequeños productores. La norma inicial es que ninguno tuviera más de 45 cabezas de ganado, lo que de alguna manera se toma como un candado para que sean solamente productores pequeños los que reciban la inyección de capital. Esos candados no funcionaron.

MCCI localizó a dos productores que fueron afectados. Ambos afirmaron haber contraído el préstamo y no recibir la ayuda. Sin embargo, por temor a represalias pidieron que no se citaran sus nombres.

Afirman que aún son beneficiarios de programas gubernamentales y demandas penales, además de largas y costosas, les reducen las posibilidades de seguir teniendo apoyos.

Los dos ganaderos tienen ranchos en el estado y contrajeron la deuda con Financiera Rural, como consta en los depósitos de los que muestran copias. Sin embargo, no recibieron las reses.

El organismo federal únicamente aseguró que los trámites se realizan de manera local, por lo que no emitió una opinión al respecto de la entrega de créditos.

Según los datos que tiene la Secretaría de Desarrollo Rural en Chihuahua, esas vacas terminaron en ranchos propiedad del ex gobernador César Duarte, funcionarios de su gobierno, como el ex titular de la Comisión de Vivienda Raúl Javalera; en el rancho de la Unión Ganadera División del Norte o los familiares del ex gobernador Nayarita, Roberto Sandoval. Todos ellos tenían de antemano una población de más de 50 cabezas de ganado en sus tierras. La mencionada Unión Ganadera es una agrupación de productores que fue fundada en 2005 por el propio César Duarte y por Carlos Hermosillo —quien fue diputado federal, colaborador cercano al ex gobernador priista y que falleció el 20 de marzo pasado.

La organización es la segunda agrupación ganadera del estado y aún ejerce gestiones para los productores.

En Chihuahua, según el artículo 215, del código penal del estado, quien se apodera de una o más cabezas de ganado sin derecho y sin consentimiento de quien es dueño legalmente, comete el delito de robo de ganado. Los castigos a este delito van de tres a quince años de prisión y una multa de hasta 500 veces el salario mínimo (unos 40 mil pesos en 2017). La multa y los años de prisión depende del número de vacas robadas, la pena máxima se aplica cuando se roban más de 10 cabezas.

Sin embargo, sólo se persigue si hay una denuncia. Los productores desecharon esa posibilidad porque aseguran que aún son beneficiarios de otros programas sociales y temen que los apoyos se vengan abajo por pelear el caso.

Los productores de menos de 45 reses no tienen ranchos de extensas tierras o recursos abundantes. Por ello, de acuerdo con productores consultados por MCCI, dependen de los apoyos gubernamentales para que los costos derivados por los caprichos del clima y los caminos burocráticos del negocio de la carne vacuna, no se coman los estrechos márgenes de ganancias.

El rastreo del ganado y en ocasiones su localización fue posible por el SINIIGA (Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado) un registro con el que se monitorea el tránsito del ganado en el país, que depende de la SAGARPA.

Para la asignación de las vacas a los productores y para justificar ante las autoridades federales la conformación del programa, se tomó como referencia el convenio 0995/2013, que se firmó entre la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua, encabezada por Jaime Herrera y el representante legal de la Unión Ganadera División del Norte, Pedro Baca Gómez (sobrino de Bertha Gómez, la esposa del ex gobernador César Duarte).

Según averiguaciones oficiales en curso, la Fiscalía del Estado presume que la mayoría, unas 900 del total de mil 408 vacas que pagó el estado de Chihuahua, financió el gobierno federal y los productores locales, terminaron engrosando el rancho de César Duarte.

El trato inicial marcaba que la Unión Ganadera —agrupación de productores fundada por César Duarte— debía entregar el ganado a los pequeños productores y financiarlo a través de préstamos con intereses de menos del siete por ciento anual. Una tasa baja con respecto a créditos particulares con instituciones bancarias.

Existen contratos de los pequeños productores con Sofom Financiera de la División del Norte SA de CV, para adquirir el ganado. Una Sofom (Sociedad Financiera de Objeto Mútiple) se crea para otorgar créditos por fuera del sistema bancario. Esta Sofom era manejada, como su nombre lo indica, por la División del Norte y fue creada también por César Duarte en 2007, según documentos públicos que pueden consultarse en el portal de la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros).

Es decir: la Unión Ganadera Regional General División del Norte se benefició con la entrega de ganado subsidiado por el gobierno de César Duarte y además fue la encargada de dispersar el crédito para los productores a través de la financiera de la que era socio el mismo Duarte.

La Unión se quedaba con los animales, otorgaba los créditos a los pequeños productores y hasta que éstos hacían el pago del anticipo, se entregaban las vacas.

La ganancia que podía obtenerse de los préstamos quedaba también dentro de la financiera.

¿Qué hizo la gestión de César Duarte con 1048 vacas compradas a Nueva Zelanda?

El destino de todas las vacas compradas en la gestión del exgobernador de Chihuahua, para mejorar el ganado y ayudar a pequeños productores puede resumirse de esta forma:

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE GANADO.
NOTA: El total de cabezas de ganado no es igual a las 1,408 vacas puesto que una res puede encuadrar en uno o más de los tipos aquí presentados.

Esta práctica hizo perdedizas algunas de las reses, o al menos su documentación. En los archivos de la Secretaría de Desarrollo Rural no hay papeles que den cuenta del desembarco de los animales, no hay una relación exacta de los aretes ni las firmas que deberían corresponder por parte de las autoridades federales.

 

Por ejemplo: existe un documento que se llama permiso de internación, donde se tiene una relación detallada del animal que llega, el arete que le corresponde y sus características. Dicho papel lo extienden las autoridades federales y el gobierno local en la Secretaría de Desarrollo Rural debe contar con una copia, pero ésta no aparece.

 

Tampoco han aparecido el total de las facturas que acreditan la propiedad de todos los animales que llegaron de Nueva Zelanda.

 

Sin embargo, pese a los vacíos en la documentación, el gobierno de Chihuahua cuenta con un sistema para el rastreo de las vacas. Con el número y los puntos de inspección que deben cruzar los animales a lo largo del país, puede hacerse un mapeo de dónde se ubican y hacia dónde se mueven.

Lo que el actual gobierno de Chihuahua tiene por seguro es que este apoyo ganadero no llegó a muchos de los nombres que incluía un convenio firmado entre las autoridades del anterior gobierno estatal y la Unión Ganadera División del Norte, y que lo mismo ocurrió con un acuerdo entre esa unión y Financiera Rural, organismo federal que otorgó las garantías líquidas–es decir que era quien respaldaba a los ganaderos para que fueran sujetos de crédito–para que se diera un préstamo a los pequeños productores que habían resentido una severa sequía en 2013.

En ese año, la falta de lluvias provocó que los terrenos donde pastaban las reses no fueran suficientes para alimentarlas. Así que tenía que decidirse cuántas y cuáles podían sobrevivir para que la comida no escaseara.

Es decir, los pequeños ganaderos, que necesitaban las vacas para mejorar la calidad de la carne y su productividad, se quedaron con los estragos por las escasas lluvias y encima perdieron hasta 20 mil pesos cada uno por el crédito que tuvieron que solicitar para adquirir animales que nunca les llegaron.

En la lista original que se tenía de beneficiarios sumaban 93 pequeños productores. La norma inicial es que ninguno tuviera más de 45 cabezas de ganado, lo que de alguna manera se toma como un candado para que sean solamente productores pequeños los que reciban la inyección de capital. Esos candados no funcionaron.

MCCI localizó a dos productores que fueron afectados. Ambos afirmaron haber contraído el préstamo y no recibir la ayuda. Sin embargo, por temor a represalias pidieron que no se citaran sus nombres.

Afirman que aún son beneficiarios de programas gubernamentales y demandas penales, además de largas y costosas, les reducen las posibilidades de seguir teniendo apoyos.

Los dos ganaderos tienen ranchos en el estado y contrajeron la deuda con Financiera Rural, como consta en los depósitos de los que muestran copias. Sin embargo, no recibieron las reses.

EJEMPLO DE ARETADO HECHO POR SIINIGA | FOTO DE STOCK

El organismo federal únicamente aseguró que los trámites se realizan de manera local, por lo que no emitió una opinión al respecto de la entrega de créditos.

Según los datos que tiene la Secretaría de Desarrollo Rural en Chihuahua, esas vacas terminaron en ranchos propiedad del ex gobernador César Duarte, funcionarios de su gobierno, como el ex titular de la Comisión de Vivienda Raúl Javalera; en el rancho de la Unión Ganadera División del Norte o los familiares del ex gobernador Nayarita, Roberto Sandoval. Todos ellos tenían de antemano una población de más de 50 cabezas de ganado en sus tierras. La mencionada Unión Ganadera es una agrupación de productores que fue fundada en 2005 por el propio César Duarte y por Carlos Hermosillo —quien fue diputado federal, colaborador cercano al ex gobernador priista y que falleció el 20 de marzo pasado.

La organización es la segunda agrupación ganadera del estado y aún ejerce gestiones para los productores.

En Chihuahua, según el artículo 215, del código penal del estado, quien se apodera de una o más cabezas de ganado sin derecho y sin consentimiento de quien es dueño legalmente, comete el delito de robo de ganado. Los castigos a este delito van de tres a quince años de prisión y una multa de hasta 500 veces el salario mínimo (unos 40 mil pesos en 2017). La multa y los años de prisión depende del número de vacas robadas, la pena máxima se aplica cuando se roban más de 10 cabezas.

Sin embargo, sólo se persigue si hay una denuncia. Los productores desecharon esa posibilidad porque aseguran que aún son beneficiarios de otros programas sociales y temen que los apoyos se vengan abajo por pelear el caso.

Los productores de menos de 45 reses no tienen ranchos de extensas tierras o recursos abundantes. Por ello, de acuerdo con productores consultados por MCCI, dependen de los apoyos gubernamentales para que los costos derivados por los caprichos del clima y los caminos burocráticos del negocio de la carne vacuna, no se coman los estrechos márgenes de ganancias.

El rastreo del ganado y en ocasiones su localización fue posible por el SINIIGA (Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado) un registro con el que se monitorea el tránsito del ganado en el país, que depende de la SAGARPA.

Para la asignación de las vacas a los productores y para justificar ante las autoridades federales la conformación del programa, se tomó como referencia el convenio 0995/2013, que se firmó entre la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua, encabezada por Jaime Herrera y el representante legal de la Unión Ganadera División del Norte, Pedro Baca Gómez (sobrino de Bertha Gómez, la esposa del ex gobernador César Duarte).

Según averiguaciones oficiales en curso, la Fiscalía del Estado presume que la mayoría, unas 900 del total de mil 408 vacas que pagó el estado de Chihuahua, financió el gobierno federal y los productores locales, terminaron engrosando el rancho de César Duarte.

El trato inicial marcaba que la Unión Ganadera —agrupación de productores fundada por César Duarte— debía entregar el ganado a los pequeños productores y financiarlo a través de préstamos con intereses de menos del siete por ciento anual. Una tasa baja con respecto a créditos particulares con instituciones bancarias.

Existen contratos de los pequeños productores con Sofom Financiera de la División del Norte SA de CV, para adquirir el ganado. Una Sofom (Sociedad Financiera de Objeto Mútiple) se crea para otorgar créditos por fuera del sistema bancario. Esta Sofom era manejada, como su nombre lo indica, por la División del Norte y fue creada también por César Duarte en 2007, según documentos públicos que pueden consultarse en el portal de la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros).

Es decir: la Unión Ganadera Regional General División del Norte se benefició con la entrega de ganado subsidiado por el gobierno de César Duarte y además fue la encargada de dispersar el crédito para los productores a través de la financiera de la que era socio el mismo Duarte.

La Unión se quedaba con los animales, otorgaba los créditos a los pequeños productores y hasta que éstos hacían el pago del anticipo, se entregaban las vacas.

La ganancia que podía obtenerse de los préstamos quedaba también dentro de la financiera.

¿Qué hizo la gestión de César Duarte con 1048 vacas compradas a Nueva Zelanda?

El destino de todas las vacas compradas en la gestión del exgobernador de Chihuahua, para mejorar el ganado y ayudar a pequeños productores puede resumirse de esta forma:

La trama va más allá de asignar ganado de manera directa a ranchos que no eran de pequeños productores, como se preveía en el programa, sino que se armó una estructura que permitió que en las propiedades del ex gobernador terminaran tres de cada cuatro vacas que cruzaron el Pacífico, según los monitoreos consultados del SINIIGA.

En total arribaron 3 mil 500 reses al puerto en junio de 2015. De esas, mil 408 fueron para Chihuahua. Se les asignó un arete, que es un número que se les coloca en la oreja para saber en qué unidad productiva se encuentran y seguir su trayecto por el territorio.

Cuando un barco ganadero llega a México, usualmente el ganado pasa tres o cuatro días bajo vigilancia de veterinarios para certificar que no tienen tuberculosis, brucelosis u otras enfermedades que puedan comprometer la sanidad de la carne o de los hatos. Sin embargo, esta vez, los animales fueron trasladados casi de manera inmediata a los terrenos de la Unión Ganadera Regional División del Norte, en Chihuahua. De esta maniobra, incluso la Sagarpa grabó un video. En él se ven a las vacas trastabillar en los corredores de metal que las guían por el único camino que hay desde el barco hasta los camiones de carga. Por esta vez, sin embargo, no hubo corrales para que descansaran y fueran revisadas por veterinarios como marca la ordenanza en la importación de ganado.

El sistema se consulta en una computadora después de acceder con un par de claves y permite ubicar el movimiento del ganado, según lo van reportando los puntos de revisión que se encuentran distribuidos por el país. MCCI pudo consultar parte de la documentación con la que se siguió el trayecto de algunas de las vacas.

Con este reporte, se pudo saber dónde está el ganado que debió quedarse en los ranchos de los pequeños productores y cómo fue a parar a territorio nayarita y a ranchos en los municipios de Balleza y Saucillo, en Chihuahua.

Chihuahua es el segundo estado con mayor producción ganadera del país. Buena parte del ganado, un 80 por ciento según la SAGARPA, se exporta a los Estados Unidos y es uno de los mayores motores de la economía chihuahuense.

La secretaría de Desarrollo Rural de ese estado, ubicada en la capital, está llena de productores que lo mismo acuden a tramitar pases para movilizar ganado que a regularizar tierras y conseguir apoyos gubernamentales para repasto, vacunas y todo aquello que se requiere para el mercado de carne, leche y otros derivados de la ganadería. Es común la imagen de hombres con la piel curtida por el sol, pantalones de mezclilla y las botas llenas de tierra con una torre de papeles.

A decir de ellos es difícil hacer una movilización de un tráiler o rejas con ganado sin que un aparato gubernamental de mediano tamaño tenga que ser notificado.

Es en esas oficinas de Desarrollo Rural donde constantemente se hacen censos de ganado y rastreo de los hatos que van de un rancho a otro, al rastro, a los cruces fronterizos que llevan los productos de exportación a Estados Unidos, una de las actividades que sostienen el mercado estatal y buena parte del nacional.

Aquí, en octubre de 2016 se detectaron algunos camiones con vacas que intentaron burlar puntos de registro de la Secretaría y de la Sagarpa. Las maniobras para evadir los puntos de revisión prendieron los focos rojos de la dependencia y comenzaron a rastrear el ganado.

Encontraron sólo en ese cargamento a unas 53 vacas que iban con rumbos a los ranchos de Nayarit, específicamente al rancho de Raymundo Sandoval Castañeda ubicado en el municipio de San Blas.

Los pocos papeles que tenían los ganaderos daban cuenta de que otras 53 vacas más estaban prontas a ser trasladadas y cuyo destino era también Nayarit.

El conductor no contaba con las facturas que acreditaban la propiedad de las vacas, varias estaban identificadas con el fierro del rancho de César Duarte y vinculadas a la Unidad Productiva Pecuaria (UPP) del rancho El Saucito, que está registrado a nombre de Duarte.

Al revisarse las reses, resultó que pertenecían al cargamento de Nueva Zelanda que llegó a Mazatlán. Las autoridades de Desarrollo Rural dieron parte de las irregularidades en un par de reportes de los que se posee copia. Ese hecho dio pie a una búsqueda de todo el ganado que había bajado del barco en junio de 2015.

Los rastreos de las vacas neozelandesas revelaron que al menos 903 no estaban en los ranchos de productores con menos de 45 cabezas de ganado, sino en terrenos ubicados en Balleza, a nombre de César Duarte, donde por año se contabilizan hasta mil 500 animales.

En las verificaciones de asignación del ganado resultó que algunas vacas llegaron directamente al rancho de Duarte o bien a nombre de ganaderos como Raúl Fernández Moreno y Refugio Leal Loya, quienes en menos de tres meses movilizaron las vacas a las propiedades de la Unión Ganadera.

Además, según el contrato marco firmado entre el gobierno estatal y la Unión Ganadera Regional División del Norte, las vacas no debieron salir del estado, pero los reportes de SINIIGA, ubican a más de 600 reses en los municipios de Ahuacatlán y San Blas en Nayarit.

Tampoco podían abandonar los ranchos de los productores a los que se les había asignado y no podían ser vendidas en un periodo menor a tres años. Sin embargo, según el papeleo, algunas fueron vendidas dos veces en menos de seis meses e incluso hay una que terminó sacrificada en el rastro de SUKARNE.

También resultaron beneficiados funcionarios del ex gobernador como Raúl Javalera quien se desempeñó como titular de la Comisión Estatal de Vivienda durante el gobierno duartista.

Para la entrega de las vacas, los pequeños productores debían firmar un contrato con la Financiera de la División del Norte para pagar a crédito las reses que adquirían. Una vez que terminaba de pagarse el anticipo, se las entregaban.

Las que llegaron a tierras propiedad del entonces gobernador no fueron condicionadas a ningún contrato. Prácticamente después del aretado en la División del Norte, fueron llevadas a los ranchos.

Según documentos de la Secretaría de Desarrollo Rural, se pudo rastrear que 682 vacas llegaron a territorio nayarita. Algunas específicamente al rancho de Las Cañas, en el kilómetro 8 de la carretera Villa Hidalgo Guadalupe, en la localidad de Aután, en San Blas Nayarit.

Esta es propiedad de Raymundo Sandoval, hermano del ex gobernador nayarita Roberto Sandoval, quien hizo una declaración respecto a las reses en octubre de 2016 cuando se dio a conocer el traslado de algunas reses en la revista Proceso y en el periódico La Jornada.

Aseguró que las vaquillas sí habían ido a parar a su rancho, prácticamente como una acción humanitaria porque dijo que en el territorio chihuahuense había sequía. “De no hacerse el traslado, las vaquillas iban a morir de hambre”, dijo Sandoval en entrevista publicada en el número 2075 de la revista Proceso. Incluso aseguró que estaba en la mejor disposición para devolver las vaquillas cuando el gobierno local de Chihuahua lo pidiera.

Lo que no explicó es que el ganado que salió de territorio chihuahuense prácticamente es una inversión tirada a la basura.

De acuerdo con las autoridades del departamento de ganadería de Chihuahua, los ranchos de esa región cuentan con políticas sanitarias importantes que contemplan vacunas contra la brucelosis y ciertas medidas de cuidado de la carne y las vacas para que éstas puedan tener calidad de exportación.

Es un proceso del que se encarga la Secretaria de Desarrollo Rural del estado, que cuenta con controles estrictos para evitar la contaminación debido a que, de lo contrario, el mercado estatal colapsaría.

“El ganado que pisa el estado de Nayarit, por cuestión normativa se considera ganado ‘sucio’, es decir, está contaminado porque allá no hay los controles sanitarios que se requieren para comercializar ganado. Están expuestos a tuberculosis. Esas cabezas directamente van para el sacrificio”, apuntó Nohemí Palma, ex funcionaria encargada en su momento de hacer el rastreo del ganado.

 

En entrevista telefónica específica para este reportaje, el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval negó que el ganado estuviera en un rancho de su propiedad y dijo que los intercambios con otros estados se hacían en tierras que no le pertenecían.

 

Con respecto al caso de su hermano, Raymundo Sandoval Castañeda, aseguró que tiene unos corrales a un lado del rastro municipal y es tablajero.

 

El ex gobernador nayarita ha presumido en múltiples ocasiones su origen humilde. Aseguró que no contaba con más propiedades que una casa en Guadalajara que compró a crédito e incluso durante campaña destacó que tuvo que migrar ilegalmente a los Estados Unidos para poder aportar dinero para el sustento de su familia.

 

A partir de su incursión en la política y en específico durante su periodo como gobernador, Roberto Sandoval adquirió ganado, caballos de raza, autos y propiedades, según reportaron medios nacionales y locales.

 

Fue el mismo Sandoval, durante su gestión como gobernador que concluyó en septiembre pasado, quien ofreció un recorrido a los medios locales en noviembre de 2012 un recorrido por su rancho El Sueño, de 17 hectáreas en San Blas, Nayarit.

 

Proceso documentó el 17 de agosto de 2017 la afición del mandatario estatal por los caballos pura sangre y Reforma el 22 de agosto de 2017 reportó la suspensión de la visa del mandatario cuando aparentemente intentaba registrarse para acudir a una feria equina en Los Ángeles, Estados Unidos.

 

La situación económica de sus hermanos según sus propios dichos era precaria también, por lo que reitera que hasta ahora Raymundo Sandoval no cuenta con un rancho sino sólo corrales a un costado del rastro municipal.

 

Lo cierto es que, según documentos oficiales, llamadas guías de tránsito, en octubre de 2016 se movilizaron 70 vacas y 36 vaquillas de Balleza, Chihuahua, a una unidad productiva llamada “El Estiladero” en el municipio de Ahuacatlán, Nayarit, identificada como propiedad de Raymundo Sandoval.

 

El documento de la Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua con número 232266, consta de cinco páginas y detalla que a petición de Valentín Javalera se trasladaron por tierra 106 reses de la Unidad Productiva de Raúl Enrique Javalera Leal, ex titular de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua a la propiedad de Raymundo Sandoval. A él se le intentó localizar vía telefónica, a través de su hermano el ex gobernador del estado y a través de redes sociales, sin que hubiese respuesta al cierre de la edición.

 

A partir del cambio de administración que se dio en octubre de 2016 cuando el panista Javier Corral asumió el gobierno, algunas cabezas de ganado han “aparecido” en hatos dispersos.

 

Según algunos productores, ganaderos poco reconocidos procuran deshacerse de algunas cabezas sin mayor trámite con tal de que no se les siga el rastro hasta sus tierras.

 

El 31 de marzo de 2017 la Interpol liberó la ficha roja del ex gobernador César Duarte después de la solicitud hecha por la fiscalía de Chihuahua por su presunta responsabilidad en el delito de peculado.

 

Los productores que estaban registrados en el programa de repoblamiento, todavía esperan las vacas.

Este reportaje fue publicado originalmente en el sitio contralacorrupcion.mx
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