Despojos y omisión de derechos para los pueblos originarios de Jalisco

pueblos originarios de jalisco

Francisco Talavera Durón*

Foto de ilustración: Arturo Campos Cedillo

La etapa más salvaje del neoliberalismo se caracteriza por el despojo, la extracción de los recursos naturales, la violación de los derechos humanos, el incremento de la discriminación y la proliferación abismal de la desigualdad
La violación de derechos representa una pieza fundamental para el desmembramiento de la organización y el desplazamiento del sentido comunitario.

La organización comunitaria es un camino alterno al sistema neoliberal con un abanico de saberes forjados en el arte de la resistencia, sus guardianes directos son los pueblos indígenas.

Una de las poblaciones que tiene mayor exposición a los efectos de la extracción de recursos naturales y la violación de derechos humanos son las comunidades y pueblos indígenas y originarios.

Actualmente los pueblos originarios experimentan una de las etapas más desafiantes del despojo del salvaje capitalismo. Francisco López Bárcenas abogado mixteco ha llamado a dicho periodo como el neo colonialismo: “una vertiente importante del capital se está enfocando en despojar a los pueblos de sus riquezas naturales y saberes ancestrales que están perdiendo el carácter de bienes comunales” (Bárcenas,2012).

En territorios indígenas de la república mexicana se están llevando a cabo una de las guerras más violentas en las que no solo sé busca la extracción de recursos naturales sino el aniquilamiento de la organización comunitaria a partir de la omisión de derechos.

Si echamos un vistazo encontramos conflictos en la mayor parte de los territorios indígenas donde se concentran recursos naturales extremadamente valiosos. En Puebla, comunidades nahuas y totonacas están resistiendo en contra de la construcción de minas a cielo abierto e hidroeléctricas. En el estado de Sonora, las comunidades yaquis están librando la batalla contra la privatización del agua. En el estado Chihuahua recientemente asesinaron a dos líderes raramuris por defender sus bosques. En baja California los pueblos Cucapas se oponen a la instalación de un parque eólico. Los zapotecos del Istmo (Oaxaca) están defendiendo su patrimonio territorial ante una empresa transnacional ( antes Mareña ) que utiliza el discurso de las energías renovables para desmantelar la organización comunitaria.

El gobierno federal expresa su esquizofrenia y su simulación, por un lado firma todos los tratados internacionales relacionados respeto de los derechos indígenas, de manera alterna impulsa reformas energéticas para vender el territorio nacional a concesiones privadas y por otro lado anula los derechos sociales y humanos.

En el estado de Jalisco el panorama también es desolador, en la zona norte los pueblos wixaritari están enfrentando la defensa de sus lugares sagrados. El Consejo Regional Wixárika en colaboración con ejidatarios del desierto de Real de Catorce están en la lucha por el respeto y la conservación de Wirikuta(la morada de los dioses), empresas mineras canadienses pretenden aprovechar la esquizofrenia y la simulación del estado para instalar una mina en pleno lugar sagrado. Los pueblos wixariatari han experimentado las intenciones de los gobiernos por desmantelar sus organizaciones comunitarias, a partir de programas sociales.

Los nahuas de la Sierra de Manantlán, ubicada en el suroeste de Jalisco y el norte de Colima, tienen una larga historia de lucha social por la tierra, en defensa de los recursos naturales y de los derechos humanos, agrarios e indígenas. Hoy en día el conflicto socioambiental más agudo gira en torno a la destrucción ambiental y la represión asociadas con la explotación minera. Un ejemplo claro de ello es el encarcelamiento de Miguel Monroy y la desaparición de Celedonio Monroy.

Los pueblos de la Rivera del Lago de Chapala, Mezcala y San Pedro Ixtican. Mezcala se encuentra en la defensa de su territorio desarrollo de complejos residenciales, desde hace aproximadamente 15 años ha sido objeto de interés por parte de la industria residencial, turística, y turístico-residencial apoyado por políticas y proyectos de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal).

San Pedro Izticán, ha experimentado en los últimos años un encarecimiento de la calidad de vida. El desplazamiento de la producción agrícola, basada en la producción de chayotes, presiones por parte de las inmobiliarias para generar complejos turísticos y la inserción de las maquilas y empresas transnacionales centradas en la producción de berries que emplean una diversidad de plaguicidas y fertilizantes. El uso de pozos artesanales como fuentes de agua potable, ya que no tienen la capacidad económica para comprar agua embotellada más la presencia de cultivos que utilizan pesticidas de alto impacto ecológico.En un periodo de poco tiempo los habitantes de los poblados de San Pedro Itzicán y Agua caliente, han presentado enfermedades renales provocadas por el agua potable contaminada, afirman especialistas.

Las bancadas del PRI y PAN de manera histórica les han dado la espalda a las comunidades indígenas de Jalisco. El viernes 03 de febrero (2017) se opusieron a la reforma de la Ley Estatal Indígena, una reforma que contiene las peticiones de las comunidades emanadas de una consulta libre, previa, informada y vinculatoria. La reforma consistía en el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujeto derecho: Una figura jurídica a partir de la cual se fortalecen los derechos colectivos de los pueblos originarios. Dicha figura representa una herramienta clave en la defensa de los territorios.

La negación de los derechos para los pueblos y las comunidades indígenas, promueve el extractivismo y el despojo territorial como un negocio multimillonario, incrementa la discriminación y fomenta el paternalismo como un control político.

Edgardo Buscaligia menciona que el abuso de poder en México seguirá si la sociedad civil no audita al estado. Las comunidades y los pueblos indígenas de Jalisco pueden auditar a los diputados del PRI y PAN y preguntarles cuales fueron las causas para no reconocerlos como sujetos de derechos y para seguirlos visualizando como contenedores de votos paternalistas y corporativos, para conservar el estado colonial en la relación con los pueblos originarios.
Los diputados del PAN y el PRI que tuvieron el valor de negar los derechos a las comunidades indígenas de Jalisco, serán recordados como actores políticos clave para encender la maquinaria del despojo.

Están próximas las elecciones del 2018, no habrá despensa o programa social que pueda compensar el despojo del patrimonio territorial de los pueblos originarios de Jalisco. Las comunidades y los pueblos originarios tienen una memoria ancestral.

*El autor es antropólogo social.

Comentarios
Top