No basta contar casos, hay que analizar dónde falló la justicia

 

— En Veracruz 194 casos de feminicidio impunes

 

Por Flavia Morales

 

Xalapa, Ver 13 mar 17 (Cimacnoticias/AVCNoticias).- Entre cinco y seis años en promedio pueden tardar las autoridades de procuración de justicia para resolver un caso de feminicidio en Veracruz, cuando se ha identificado al homicida.

 

Las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado revelan que entre 2012 y 2017 se registraron 313 casos de feminicidio, de los cuales 194 siguen impunes, apenas en el proceso de la integración de la carpeta de investigación; sólo en el 40 por ciento de los casos, es decir 110, hay una sentencia.

 

La cifra es al menos 50 por ciento más baja que las estadísticas del observatorio de la Universidad Veracruzana (UV), donde se reportan 100 mujeres asesinadas cada año.

 

En gran parte de los casos, la falta de acceso a la justicia y las trabas burocráticas generan desesperanza en las familias que se topan con ministerios públicos y peritos sin la capacidad de avanzar en la las investigaciones.

 

Es el caso de “Adela”, asesinada en 2014 por su entonces pareja sentimental, la familia sigue peleando porque se hagan las diligencias del caso, se giraron decenas de oficios para hacer las pruebas periciales, pero nunca se concretaron. Sospechan que hay tráfico de influencias.

 

El asesino de Pilar, muerta por asfixia en 2012, fue liberado por un juez a falta de pruebas suficientes, pues aunque en un principio confesó, luego se desdijo. La familia lleva casi seis años batallando en laberintos legales para acceder a la justicia, y haciendo la pregunta al Juez del caso ¿si no fue él, entonces qué ha hecho la autoridad para atrapar al culpable del asesinato?”.

 

La abogada de la Organización Equifonía AC, Adriana Fuentes Manzo, lamenta que el acceso a la justicia en los casos de feminicidio puede tardar años.

 

En la defensoría de familias víctimas de feminicidio, Adriana se ha topado con casos donde las carpetas de investigación son integradas con graves fallas, donde por falta de personal y peritos no se realizan diligencias básicas que pueden dar con el culpable, y sobre todo, con la indiferencia institucional.

 

A su consideración, entre la Fiscalía General del Estado (FGE), y el Poder Judicial “se echan la bolita”, “el Poder Judicial dice, tú no integras bien y no me das elementos para sancionar, y Fiscalía dice yo integro bien, pero tú no lo valoras adecuadamente”.

 

En el común de los casos, la autoridad no hace de forma adecuada el levantamiento de datos, el resguardo de la evidencia, la cadena de custodia. “Sin estos elementos puedes perder la investigación que es, en general, lo que pasa: de los 194 casos impunes, habría que determinar a quién le tocó recabar los elementos de prueba, si eso no están bien integrados, difícilmente un perito podrá hacer un comparativo de ADN, y recabar datos que lleven a una buena investigación y el castigo al culpable”.

 

Adelantó que en el marco de la Alerta de Violencia de Género  (AVG), se plantea la aplicación de un protocolo de feminicidio específico, donde se enuncian algunas acciones a hacer, y donde también se plantea una unidad de contexto que servirá para entender la situación de la violencia. “Se van a proponer peritajes antropológicos, psicosociales, sociológicos, tenemos que contratar a expertos en el tema”.

 

Desde que se comete un feminicidio, son 6 meses para integrar la carpeta, otros 6 meses para realizar las diligencias, otros 4 meses para acreditar las pruebas y, si el imputado se defiende a través de un amparo, puede pasar hasta un año. Esto revela que una familia puede tardar mínimo tres años en acceder a la justicia, en caso de que se tenga identificado al agresor.

 

Fuentes dijo que en la mayoría de los casos no se les informa a las familias del proceso legal, los tiempos jurídicos, ni mucho menos hay una contención emocional a la familia, como parte de la reparación del daño.

 

DEBEN ANALIZAR CIFRAS

 

Por su parte, la también integrante del colectivo Equifonía, Aracely González Saavedra, advirtió que será importante la revisión de los expedientes de 313 feminicidios en los últimos seis años, pues la cifras reportadas en medios de comunicación de asesinatos de mujeres duplican en 50 por ciento la estadística oficial de la FGE.

 

Por es necesario analizar los datos, reiteró, con el fin de determinar cómo fueron juzgados los casos, de acuerdo al protocolo de diligencias básicas, y bajo qué características fueron tipificados o no como feminicidios.

 

Cuestionó que a tres meses de la instalación de la Alerta de Violencia de Género, el Estado ha sido incapaz de frenar y prevenir la violencia feminicida, tan solo del 23 de noviembre del 2016 (fecha de la firma), al cierre de febrero del 2017, 55 mujeres han sido asesinadas en Veracruz.

 

“Y siguen sin tomarse las medidas suficientes, no decimos que no han hecho nada, pero las medidas no son suficientes para la atención de la problemática”, dice.

 

Para González Saavedra no es suficiente con la contabilización de los casos de feminicidios, es necesario hacer un análisis para determinar en qué momento la procuración de justicia falló.

 

Puso como ejemplo en estados como Guanajuato, donde con base en estadística se logró determinar que los casos de asesinatos de mujeres estaban vinculados a casos donde mujeres habían denunciado violencia previamente, pero no se emitieron órdenes de protección.

 

“Podemos suponer que en Veracruz hay una situación similar, pero no se ha llegado a este nivel de análisis para determinar una política que responda a la problemática y que con eso se pueda atender”, dijo.

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