OPINIÓN | Fallos y fallas del Tribunal

Ernesto Núñez

Foto: Cuartoscuro

 

Desacreditado desde su origen, el Tribunal que habrá de calificar las elecciones de 2018 acaba de dar una muestra más de que su misión no es dar certeza y legalidad al proceso, sino enrarecerlo y entorpecerlo.

Al estilo de “El Bronco” -quien hizo de la figura independiente el vehículo para llegar a la gubernatura de Nuevo León, y del gobierno el vehículo para colarse a la boleta electoral-, cuatro de los siete magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) encontraron un resquicio para pintar con el barniz de la “legalidad” toda una batería de artimañas de las que se valió Jaime Rodríguez para juntar las firmas que validaran su candidatura “independiente” a la Presidencia.

Ya no es novedad que el Tribunal le enmiende la plana al Instituto Nacional Electoral: El acuerdo de cancha pareja que pretendía regular el proceso electoral desde el arranque formal, los límites para que dirigentes y voceros de partidos usen los tiempos oficiales, la prohibición para repartir monederos electrónicos en plena campaña y hasta la intención de los consejeros de bajarse el sueldo, se han topado con duras sentencias revocatorias.

Cada vez que el INE de Lorenzo Córdova ha querido inyectar una dosis de equidad y transparencia a las elecciones de 2018, se ha topado con el Tribunal de Janine Otálora (presidenta formal) y de José Luis Vargas (magistrado que, en los hechos, controla este cuerpo colegiado).

Un grupo de magistrados adiestrados para confeccionar y aprobar sentencias favorables al PRI y a Los Pinos han impedido que los acuerdos del INE cobren carta de naturalidad, generen certidumbre y cosechen credibilidad ciudadana. Otro ejemplo: Cuando el INE intentó anular el triunfo del PRI en las elecciones de Coahuila por el gasto excesivo y no reportado en Facebook, el TEPJF flexibilizó el castigo. Y, hoy, Miguel Ángel Riquelme es gobernador de esa entidad.

Lo que no es nuevo es que ese Tribunal muestre sus diferencias internas, y exhiba las tensiones que lo han caracterizado desde que fue aprobada en el Senado la conformación de la nueva Sala Superior.

Corría el mes de noviembre de 2016, cuando se negociaba la conformación del Tribunal Electoral que tendrá la última palabra en este 2018.

Senadores que participaron en esas negociaciones recuerdan que el PRI y el Presidente Enrique Peña, por medio del consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, impulsaron a tres candidatos: José Luis Vargas, Felipe Alfredo Fuentes y Mónica Aralí Soto.

El pasado martes, los tres aprobaron poner al “Bronco” en la boleta, y han votado sistemáticamente a favor de las sentencias que revocan los acuerdos del INE.

El PAN, a través del entonces presidente del Senado, Roberto Gil, respaldó a Reyes Rodríguez y Felipe de la Mata, dos magistrados que decidieron votar contra el registro del “Bronco”, argumentando que lo hacían en defensa de la legalidad y certeza del proceso.

En aquel ya lejano noviembre de 2016, el PRD respaldó a Indalfer Infante, un funcionario de carrera del Poder Judicial, que votó a favor del “Bronco”, pero se negó a argumentar su voto públicamente.

Janine Otálora había presidido la Sala Regional del TEPJF con sede en la Ciudad de México. Su candidatura fue sugerida por el PRD, pero finalmente llegó al cargo por consenso de todos los grupos en el Senado.

Originalmente, tres magistrados fueron designados para un periodo de nueve años: Otálora, Soto y De la Mata. Los otros cuatro, para periodos de tres y cuatro años.

Para cerrar su negociación, los partidos tuvieron que ampliar el plazo de esos cuatro magistrados: Vargas e Infante, de tres a siete años, y Rodríguez y Fuentes de cuatro a ocho años.

La extensión de los plazos fue aprobada en fast track en el Senado y la Cámara de Diputados, e impugnada por Morena mediante una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia que, en junio de 2017, decidió desechar la impugnación de Morena, partido que ahora figura como puntero en la elección presidencial y en varias de las entidades que renovarán sus poderes locales.

El voto en contra del “Bronco” de la magistrada presidenta del Trbunal, y los magistrados Reyes Rodriguez y Felipe de la Mata, ha sido elogiado por analistas y actores políticos. Sobre todo, porque en esta ocasión decidieron argumentarlo públicamente, con lo que dejaron ya un testimonio crucial para la historia de los comicios.

Pero la fractura no es necesariamente una buena noticia. Exhibe el poder que un solo magistrado, José Luis Vargas, ha ido concentrando dentro del máximo Tribunal Electoral del país.

Ex fiscal de Delitos Electorales de la PGR entre 2010 y 2012, Vargas acabó el sexenio de Felipe Calderón distanciado del Presidente, quien nunca le dejó de reprochar la tibieza con la que investigó los presuntos delitos ocurridos en 2011 en las elecciones de Michoacán, cuando Luisa María Calderón, hermana del Presidente, fue candidata del PAN a la gubernatura.

Defenestrado por el panismo, Vargas montó un despacho al inicio del sexenio de Peña Nieto y, con una buena batería de clientes priistas, comenzó a litigar en elecciones estatales, como la de Colima de 2014, en la que el PRI “derrotó” dos veces al PAN, con una elección anulada de por medio.

Del litigio, Vargas saltó a una de las ternas que propuso la Suprema Corte en 2016 para conformar el Tribunal.

Hoy, es un poderoso magistrado, quizás con más peso que la propia presidenta del Tribunal dentro de la Sala Superior. Ha sido un duro crítico de “los cuestionables errores de la autoridad administrativa” (el INE), y es ubicado como el principal defensor de las causas priistas.

En manos de ese Tribunal, fracturado, contradictorio y manchado de origen, está la calificación de las elecciones más grandes de nuestra historia.

Pásalo.

*Artículo publicado en su página personal de facebook.

 

Etiquetas
Comentarios
Top