OPINIÓN | Las asesinadas de Jalisco

Paul Alcántar

 @paulalcantar

Foto (archivo): Fernando Carranza/Cuartoscuro.com

Es importante visibilizar que los parámetros de justicia hacia las asesinadas de Jalisco –así hay que nombrarlas, así de cruel, nada a medias tintas- no son entendibles y confunden a la buena voluntad de quienes han puesto el dedo en la llaga de una herida cada vez más profunda. Las asesinadas siguen apareciendo, ya sea en los baños de los hogares o quemadas en los predios olvidados de la Zona Metropolitana de Guadalajara. También aparecen en Ocotlán, en La Barca, en Puerto Vallarta; no es sólo en el corazón político de Jalisco donde el daño crece.

La apuesta por el olvido llevaría a los feminicidios al destierro de los discursos políticos. Es grave porque ninguna autoridad quiere  sistematizar la alerta de género emitida por presión de los grupos feministas  que han señalado puntualmente los casos concretos de las golpeadas, violadas, desaparecidas y muertas de Jalisco.

Nadie toma la responsabilidad y no hay acuerdos que vislumbren mejores panoramas. Los datos son terribles, pero es más frío convertir a las víctimas en números y no ponerles nombres ni apellidos. Hablamos de porcentajes que “se han reducido” por la acción concreta del Gobierno del Estado, particularmente por el estrecho y supuesto vínculo que hay entre el Instituto Jalisciense de las Mujeres y la Fiscalía General del Estado. En realidad no hay tales acuerdos y las muertas ascienden dramáticamente.

Los feminicidios  desnudan al aparato corrupto y burocrático de dos pilares del diseño gubernamental: la procuración y la impartición de justicia. Éstas han sido de nueva cuenta puestas a la disposición del escrutinio a costa de la sangre de miles de mujeres que mueren en medio de la impunidad y de la omisión.  El diseño del nuevo sistema de justicia penal ha puesto a las corporaciones policiacas (municipio), a las de investigación, (el Estado) y a los jueces (Poder Judicial) en un entramado complejo sobre la interpretación de la ley y de los protocolos de acción.

Sumado a lo anterior, lo delicado es que el fenómeno también está en el campo del cálculo político. La debilidad confluye en las instituciones con el robustecimiento del marco normativo, pero con un vacío de operación que paraliza a quienes deben atender la emergencia. Como si la única función de la clase política fuera el reglamentar y penalizar sin concretar en políticas públicas claras. En ese orden, las filias y fobias del funcionariado son evidentes y van de acuerdo a sus aspiraciones políticas y a las proyecciones del “mercado electoral”.  Se cuidan los discursos, se maquillan cifras, se desestiman los crímenes y se mantiene una rotunda negación sobre las asesinadas.

Ante la inacción, las activistas y los grupos feministas deciden por la movilización y el cabildeo, a pesar de las resistencias institucionales. El feminicidio es un monstruo de mil cabezas que no sólo debe observarse desde su tipificación judicial; así como los machismos no son una conducta individual que deba erradicarse desde un solo enfoque.

Los aportes del estudio de género y las estrategias gubernamentales con ese enfoque no funcionarán si la alta jerarquía política y de partidos no toma una importancia única. Confundir los feminicidios como un acto de desprestigio a los proyectos electorales no es ético y convierte a las asesinadas en un manto que ciega lo innegable.

De nada sirven las acciones aisladas de los institutos municipales de la mujer, de la Fiscalía o de las Comisarías Municipales si se acepta que prevalece el golpeteo electoral.

Los gritos son muchos y los oídos son más sordos;  la muerte rondando todos los días a las mujeres y la impotencia gana terreno día a día.

 

*Analista político

 

 

 

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