OPINIÓN | ¿Violencia o cambio social?

 

Ninguna dulzura borrará  las señales de la violencia; solo la violencia puede destruirlas. Y el colonizado se cura de la neurosis colonial expulsando al colono con sus armas.

(Fanon, 2007: 20)

 

Isael Rosales

Foto: ladobe.com.mx

Frente a un escenario de violencia generalizada por parte de la delincuencia organizada, que cada día intenta infundir terror a la población, se bifurcan dos caminos: el primero, el control de la vida social y política a través de una violencia normalizada e instrumentada por un “narco estado”, y la segunda, un cambio social generado por las condiciones sociales existentes, más aún por la desigualdad zanjada entre la clase dominante en el poder y las masas pobres.

Habría que preguntarse ¿Cuál es el hilo conductor de la violencia? Que los señores en el poder nos digan qué negocio es eso de la “guerra contra el narcotráfico”. ¿Por qué Guerrero es un campo minado de fosas? ¿Por qué el gobierno federal y los órganos de justicia no agilizan las nuevas líneas de investigación en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala? ¿Qué explicación tienen que dar los gobiernos de la desaparición de poco más de treinta mil personas en México?

El fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno federal no tiene límites, mientras tanto las estructuras de poder cada día se ven rebasadas por la delincuencia organizada. El hecho es que de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidos (Rnped) en el país hay 30 mil 973 personas desaparecidas, solo de las personas que tienen carpeta de investigación o que están relacionadas con averiguaciones previas.

Por su parte, el gobernador del estado de  Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores, se empeña en decir que la violencia va a la baja aun cuando las ejecuciones siguen a la orden del día, sin embargo, recientemente Astudillo Flores reconoce que la violencia se recrudece a pesar de su lema “orden y paz” (El Sur: 4 de abril de 2017). Para cualquier ciudadano de a pie es clara la impunidad que goza la delincuencia organizada en tanto que a unos metros de la gendarmería  o de retenes militares se cometen tropelías. En cuanto al surgimiento de grupos civiles que asedian la vida de los pueblos ni los policías ni la fuerza castrense hace nada.

El estado de Guerrero no solo es el epicentro de las luchas sociales, los damnificados históricos, la discriminación o el olvido de los pueblos indígenas, es también terreno fértil de la violencia generada por la disputa territorial de los cárteles. Para ejemplificar el recrudecimiento de la violencia se tiene 340 homicidios de personas, tan solo de enero a febrero de 2017, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Sin embargo, el tres de abril de 2017, El Sur revela tan solo de enero a marzo 554 homicidios de personas, 17 más que el año pasado.

Un cambio es posible, aunque el dilema siempre es el cómo y es ahí donde todos tienen la responsabilidad de elucubrar en torno a una alternativa. En Tlapa se registraron 11 homicidios. También se registraron 12 casos de violencia familiar, física, sicológica, económica y sexual hacía la mujer en la región de la Montaña, de acuerdo con datos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT). El SESNSP registro 15 homicidios dolosos del mes de enero a febrero de 2017.

La delincuencia organizada queda incólume ante la estrategia de seguridad planteada por el gobierno federal y reproducido por los estados, ahora solo imaginemos qué sucederá con ley de seguridad interior. Todos pensamos que en algún momento esta tormenta pasará, que solo quedarán los recuerdos de una ola avasalladora de asesinatos y que la vida seguirá. No, esta vez pensemos en que los pueblos pobres tienen que organizarse y recuperar la máxima  “el pueblo cuida al pueblo”. La clase política dominante en el poder seguirá en guerra con el pueblo, pues “el poder es la guerra, la guerra continuada con otros medios” (Foucault, 1992: 144).

Aunado a la violencia, tenemos un poder caciquil que parece totalizador, omnímodo, que solo unas familias tienen acceso al poder y son los que utilizan al Estado para proteger sus intereses y controlar a la población. El cacique se convirtió en gobierno, el pistolero en sicario. El aparato represivo sigue intacto, pues tenemos un gobierno que no sabe de leyes, que no sabe de respeto a los derechos humanos” (Barrera, entrevista: 11 de julio de 2015).

A los agravios se suman las reformas estructurales, la corrupción de los políticos y gobernantes, los proyectos extractivos en las comunidades indígenas, los altos precios con el fenómeno del “gasolinazo”, la violencia de género y las constantes violaciones de los derechos humanos por parte del Estado, esto en suma debería generar las condiciones para una resistencia de masas que penetre las estructuras de ese poder omnímodo.

El hartazgo de la sociedad ante tanta violencia será motivo para que enfrente, luche y sea quien impulse los cambios. El que derrumba estructuras no es el gobernante, ni la estirpe priista o caciquil, asevera Abel Barrera.

Es tarea de todos no solo comprender la geografía de la violencia sino de transformarlo, pues no es menor hablar de cientos de desaparecidos y decenas de homicidios. No queremos muertos y desaparecidos en un proceso revolucionario, pero ¿cuál es el costo de una “guerra contra el narcotráfico”?.

Muchas organizaciones sociales del país han hablado de unidad y de cambios profundos, incluso en la Asamblea Nacional Popular (ANP) se ha hecho mención al menos de remover las estructuras del poder. Tal parece que las organizaciones sociales están en plena discusión de alguna alternativa, aún con sus guerras intestinas.  Hostigar al sistema político y económico es indispensable. En un supuesto de que estamos perdidos, ¿habría la voluntad de mover los hilos más sensibles para contrarrestar la violencia? Pongamos por ejemplo las recomendaciones del Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ¿qué avances y hasta donde el Estado mexicano tiene la voluntad de cumplir con las recomendaciones? ¿Hay algún atisbo de justicia?. Entonces, ¿Qué hacer en caso de desapariciones?

¿Qué hacer en caso de violencia? Quizá sea una incógnita como cuando planteamos de dónde vendrá la revolución, lo cierto es que es un problema que no puede resolverse por la vía legislativa. Los pobres y los ricos comprenden que los gobiernos no podrán resolverlo, y dudan de que pueda surgir una revolución. Existe la necesidad de hacer algo frente al hartazgo social actual y en esa encrucijada en la cual se encuentran los pobres y los ricos,  siempre queda el miedo de un cambio sin la mínima reflexión.

De acuerdo con la teoría de la guerra de guerrillas se tiene que pensar ciertas características para una revolución social, tal como sigue: “Si el pueblo está dispuesto a afrontar los riesgos de organizarse para la lucha violenta, primero, debe de estar convencido que no le queda otra alternativa; segundo, porque las condiciones se lo imponen; tercero, porque hay probabilidades de éxito”. En México este el dilema porque quizá no contamos con la tercera característica, pero nada es gris cuando los pueblos, organizaciones y toda la población está dispuesta a construir otra manera de vivir. ¿Qué opinan?

La violencia se expande y los civiles armados siembra el miedo, el terror para controlar a las personas. Los homicidios no paran y las desapariciones incrementan sin que siquiera las instancias encargadas de aplicar la ley hagan justicia. Qué se puede esperar de las estructuras de poder putrefactas y de la colusión de los gobiernos, políticos y empresarios con el crimen organizado. La desigualdad se agrieta mucho más. El bienestar para todos es algo que los gobiernos actuales no podrán solucionarlo.

 

 

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