El Papa y los generales I

Por Chriz Campos

Foto: Archivo Cuartoscuro

Hay una creciente evidencia que sugiere que la militarización de la seguridad interna menoscaba los derechos humanos y tiene poco impacto sobre el crimen organizado y la violencia a largo plazo. Entonces, ¿por qué los gobiernos latinoamericanos se ven atraídos por estas políticas de “mano dura”?América Latina se ha asociado con el común denominador de países subdesarrollados, con injusticia distributiva pero con cambios democratizantes en las últimas décadas, hoy vemos con alarma cómo el continente avanza hacia un acelerado proceso de militarización de la justicia.

Si damos un vistazo al panorama de seguridad en Latinoamérica, nos daremos cuenta de que los países más violentos están utilizando un enfoque militarizante para su seguridad interna. Los países que encabezan la lista de los más violentos de la región han adoptado medidas recientes para aumentar la participación del ejército en la lucha contra el crimen organizado y la violencia.

El Salvador, por ejemplo, ha desplegado militares de élite en zonas urbanas para luchar contra la expansiva violencia de las pandillas que aquejan al país. Honduras ha instalado una policía militarizada y en la dirección del Ministerio de Seguridad de esa nación despacha un general. Venezuela, por su parte, también ha asignado a oficiales militares para ocupar puestos clave dentro de la seguridad, que habitualmente, han estado bajo el mando de civiles.

En la administración del ex Presidente, Felipe Calderón 2006-2012…, México —que durante mucho tiempo ha sufrido el embate de la violencia provocada por la delincuencia organizada— aumentó de manera drástica la participación del ejército en la seguridad interna bajo la bandera de la “Guerra contra el Narco”. A pesar de la promesa de un cambio al menos en la retórica, Enrique Peña Nieto le ha dado continuidad a la militarización de la seguridad ciudadana.

A pesar de que la militarización se ha vuelto una practica común en gran parte de la región, hay muy poca evidencia de que recurrir a los militares tenga como resultado mejoras en materia de seguridad a largo plazo. De hecho, todo lo contrario, diversos informes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional o La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), han documentado que la violencia incremento en las zonas de México donde se desplegaron tropas militares para combatir a los carteles. La Organización de las Naciones Unidas, por su parte, llegó a una conclusión similar en cuanto a los resultados de la militarización de la seguridad interna en Guatemala.

En Honduras, por ejemplo, es difícil atribuir la disminución en los homicidios a la instauración de la policía militar. Se observó un descenso de 13 puntos en la tasa de homicidios a nivel nacional, y la incidencia de ese delito sigue disminuyendo según las estadísticas del gobierno. Este descenso se ha presentado en algunas zonas donde se ha desplegado la policía militar. Sin embargo, si se atribuyen estos logros únicamente al despliegue de las fuerzas armadas se ignora el hecho de que la tasa de homicidios en Honduras tuvo el mismo nivel de descenso en la administración pasada.

Quizá lo realmente preocupante es que el aumento de la militarización ha estado estrechamente vinculado al incremento de las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en la región. En México, Amnistía Internacional identificó  un aumento del 600 por ciento en las denuncias de torturas por parte de las fuerzas de seguridad. La agencia de noticias Reuters también documentó que las denuncias por violaciones de los derechos humanos a manos de militares hondureños han aumentado desde 2012, el mismo año en que el gobierno intensificó el papel de las fuerzas armadas en las actividades policiales.

Debemos comprender que los soldados están entrenados para combatir y abatir al enemigo, no para resolver conflictos o investigar delitos. A menudo las leyes los protegen contra juicios en los tribunales civiles, lo cual permite la proliferación de la impunidad en los ataques contra civiles, es decir los llamados “daños colaterales”.

La militarización también conduce a abusos de derechos humanos que van mucho más allá de las ejecuciones extrajudiciales. Los militares a menudo tratan a los sospechosos como enemigos combatientes, no como civiles.

En muchos casos, el uso de las fuerzas castrenses va acompañado de otras políticas, como arrestos sin órdenes judiciales, alargamiento de las penas de prisión, el uso excesivo de la prisión preventiva y violaciones al hábeas corpus.

Si bien hay pocos ejemplos de que la militarización ha conducido a mejoras en materia de seguridad, el atractivo de obtener logros inmediatos mediante una mayor presencia militar continúa impulsando a los gobiernos de la región a adoptar esta estrategia. Esto regularmente suele ser una decisión más política que de seguridad. Incluso si los niveles de delincuencia no bajan del todo, el solo hecho de ver soldados en las calles envía un fuerte mensaje a la sociedad.

Aunque estas decisiones se toman en las élites políticas, por lo general tienen el apoyo de la población. Según la encuesta AmericasBarometer 2014, de Vanderbilt University, una significativa mayoría de los encuestados de países de la región respondieron que están de acuerdo con el hecho de que las fuerzas armadas participen en la lucha contra el crimen. Llama la atención que en Honduras y El Salvador, dos de los países más violentos de la región, más del 80 por ciento de los encuestados dijeron que apoyan la participación de los militares en tareas de seguridad interior.

En el caso de México, si bien es cierto que la aceptación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior era alta, no menos cierto es que dicha aceptación ha disminuido, ya que la honorabilidad y lealtad de las fuerzas castrenses se ha puesto entre dicho en los últimos dos sexenios, sin embargo la Marina Armada de México y la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) siguen siendo las instituciones mejor calificadas por los mexicanos.

Esto se debe a dos factores claves que se encuentran interconectados. Uno es la percepción de que las fuerzas policiales en toda la región son ampliamente corruptas, ineficientes y mal capacitadas.

El otro es que el ejército es una de las instituciones del Estado más respetadas en la mayoría de los países latinoamericanos; según el informe de AmericasBarometer, sólo la iglesia Católica supera al ejército en términos de confianza. Al parecer, en Latinoamérica sólo el Papa inspira más respeto y confianza que los generales del ejército.

 

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