Ejército, Marina: regrésenos a nuestros hijos

Chris Campos

Foto vía Cuartoscuro/ADNPolítico

En la historia de las guerras modernas es más probable que un combatiente hiera a un enemigo, en vez de matarlo. Pero en México pasa al revés. Según las cifras oficiales, las fuerzas armadas mexicanas matan con una eficiencia abrumadora, son capaces de apilar cuerpos a gran velocidad.

El gobierno mexicano dice que nuestros soldados están mejor entrenados que los miembros de los cárteles con los que se enfrentan. Pero los expertos dicen que la tasa de muertos de las fuerzas armadas mexicanas no tiene comparación y que revela algo mucho más oscuro.

Un estudio sobre las guerras desde finales de los años setenta del Comité Internacional dela Cruz Roja concluyó que en la mayoría de los escenarios de combate entre grupos armados por cada persona muerta hay una media de cuatro heridos. En México la cuenta es a la inversa: el Ejército mexicano mata a ocho enemigos por cada uno que hiere, ¿eficiencia?, ¿fuerza desmedida?

Para nuestra fuerza de élite, la Marina Armada de México, la discrepancia es aún mayor: según datos de la propia Secretaría de Marina, mata a 30 combatientes por cada uno que hiere, simplemente abrumador. Las cifras se desprenden del documento “Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad aumenta la opacidad” publicado en junio de 2015 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante la última década, a medida que los marinos y soldados mexicanos han sido desplegados a la línea de combate, las violaciones a los derechos humanos se han disparado. Aun así, las fuerzas armadas continúan siendo intocables, protegidas por un gobierno reacio a someter a las fuerzas castrenses. Se ha hecho muy poco para investigar las miles de acusaciones de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que se han registrado desde que el ex presidente Felipe Calderón, irresponsablemente, declarara la “guerra contra el narco” hace ya más de una década.

Del total de las denuncias recibidas por la Procuraduría General de la República (PGR) desde 2006, por tortura, apenas 15 han concluido con una condena. La tortura no solo es generalizada, sino que está rodeada por la impunidad, ineficiencia y poca voluntad para investigarlas y resolverlas. El general Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional, en repetidas ocasiones ha exculpado a la institución al referir que es la única que se enfrenta al crimen organizado y que, además, está ganando la batalla, lo cual suena peligrosamente irritante.

En Tlatlaya, a las afueras de la Ciudad de México, el ejército mató a 22 personas durante una refriega en junio de 2014. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que por lo menos 15 de ellas habían sido ejecutadas extra judicialmente y que los soldados habían alterado la escena para dar la impresión de que hubo un enfrentamiento. “Estamos en las calles porque la sociedad nos los pide”, dijo Cienfuegos en entrevista.

En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el comportamiento del Estado mexicano en materia de derechos humanos, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales; la CIDH se sumó al informe de Naciones Unidas que señala que la tortura en México se practica de manera generalizada. Incluso en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, el papel del Ejército y la protección con la que cuenta ha sido objeto de controversia y polarización. Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la noche de la desaparición hubo soldados presentes. Sin embargo, el Ejército nunca aceptó entrevistarse con los expertos y mucho menos abrir los cuarteles pues el gobierno no se lo exigió.

Sin embargo, aún antes de aquel monstruoso 26 de septiembre de 2014, las denuncias sobre desapariciones en Iguala, Guerrero, no eran nuevas. Las autoridades locales habían registrado la desaparición de 207 personas sólo en el área de Iguala. En algunos de esos casos habrían participado –de manera directa o indirecta– agencias del Estado. El 1 de marzo de 2010, cuatro años y medio antes de que ocurriera el secuestro y desaparición de los 43, seis personas fueron secuestradas en el centro nocturno Cherry’s Disco, de Iguala, alrededor de las 10:30 de la noche cuando tres vehículos se estacionaron frente al centro nocturno. Sus ocupantes descendieron y entraron al inmueble. Al poco rato salieron con Francis Alejandro García Orozco, de 32 años, el propietario del lugar, y sus empleados Lenin Vladimir Pita Barrera, de 18; Sergio Menes Landa, de 22; Olimpo Hernández Villa, de 34; Andrés Antonio Orduña Vázquez, de 21, y Zósimo Chacón Jiménez, de 22 años de edad. Dos cámaras de seguridad ubicadas frente al club grabaron la escena. El video muestra imágenes del operativo. Laura García Orozco, hermana de Francis, llegó justo cuando los vehículos del Ejército se alejaban. Alcanzó a identificarlos, en las bateas iban soldados de pie, uniformados y armados.

El 24 de octubre de 2012 se realizó un encuentro público en Acapulco en el cual participaron representantes de la sociedad civil y oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Allí se cuestiono a los militares por la ausencia de avances en la investigación sobre los detenidos del centro nocturno Cherry’s Disco. En esa ocasión el general Juan Manuel Rico Gámez, comandante de la 35 Zona Militar, admitió que los soldados habían “revisado” a los muchachos del Cherry’s Disco, pero negó que los hubieran detenido. Fue una confesión pública: por primera vez un alto mando del Ejército reconoció que esa noche los soldados tuvieron contacto con los muchachos.

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene indicios de que las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas en la desaparición de veintitrés personas en la ciudad de Nuevo Laredo. Veintiún hombres y dos mujeres fueron reportados como desaparecidos de febrero a mediados de mayo, según el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al Hussein. Organizaciones locales de derechos humanos han documentado hasta cuarenta casos en el mismo periodo. Es particularmente terrible que al menos cinco de las víctimas sean menores, tres de ellas muy jóvenes, tan solo de 14 años. Estos crímenes, perpetrados por las fuerzas del Estado durante cuatro meses en un solo municipio, no solo son indignantes, sino angustiosamente preocupantes.

El gobierno mexicano respondió a la ONU con la promesa de enviar a subsecretarios y subprocuradores especializados en derechos humanos y aseguró que se abrió una investigación. A través de un comunicado de la Secretaria de Gobernación (SEGOB), asegura que las dependencias de seguridad pública reiteran “el compromiso irreductible” para “lograr el pleno esclarecimiento de estos hechos y la identificación de los responsables para que, sin tolerancia ni distingo alguno, enfrenten las sanciones que en derecho correspondan”. Por otro lado, la Marina dijo que no podía hacer comentarios sobre investigaciones en curso. El Ejército  y la Marina han sido acusado de cometer violaciones graves de derechos humanos durante su papel en el combate a la delincuencia organizada en la última década. El enojo sobre los vínculos gubernamentales con desapariciones forzadas ha sido particularmente grave desde 2014.

El Estado mexicano asegura que se toma en serio los derechos humanos, y prueba de ello es que ha aprobado leyes para contrarrestar los abusos, proteger a las víctimas y permitir que se juzgue a los soldados en tribunales civiles. Pero en la vía de los hechos cada informe sobre violaciones de los derechos humanos es inquietante. La letalidad de los enfrentamientos deja a cuenta un devastador daño colateral.

A pesar de que en México nunca ha habido un golpe de Estado, el mando civil siempre ha protegido al Ejército del escrutinio internacional. Y esa protección se ha mostrado de vital importancia desde 2006, cuando el Ejército salió a las calles para combatir de manera frontal a los carteles de la droga.

Para preocupación del Estado mexicano, muchos de los casos de abusos por parte de las fuerzas castrenses se están resolviendo en instancias internacionales, exhibiendo así la falta de interés por parte de las autoridades, la debilidad institucional, los niveles de corrupción y claro el tremendo desdén con el que se tratan a las victimas en este país de derechos. Las víctimas han dejado de confiar en las instituciones — con justa razón — es notorio que no hay interés en que se resuelvan los casos de violaciones graves a los derechos humanos, pues debemos recordarles al Ejército y a la Marina que la obediencia debida no procede cuando se trata de un asunto suficientemente delictivo, nadie está autorizado para cometer un delito, aunque sea bajo una orden.

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