Más dinero para el sector privado religioso.

En el 2014, Angélica Rivera la presidenta del Sistema DIF nacional, inauguró el Centro Modelo de Atención para Niñas y Adolescentes Embarazadas, en casa El Refugio. El hecho pasó inadvertido para los medios de comunicación que sólo cubrieron el acto protocolario pero poco se adentraron a las entrañas de cómo funciona y cuántas violaciones a los derechos humanos de las menores se están perpetuando ahí y con recursos públicos.

En ZonaDocs conocimos detalles de su funcionamiento a través de una visita ocular, testimonios de una empleada de la denominada casa hogar y de una joven que acudió ahí en busca de ayuda.

El Refugio funciona como casa hogar para atender a mujeres embarazadas por violación, desde 1977. Un año antes de la inauguración, el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) otorgó a El Refugio 12 millones 807 mil 200 pesos para la construcción de este Centro de Atención. En el convenio, especifica que el uso y destino de los donativos tenían que ser debidamente transparentados en sus páginas de internet; mismas que no existen.

Samantha caminó largas cuadras de la colonia Constitución para llegar a un decoroso inmueble que describía en la fachada con letras plateadas: “CASA HOGAR EL REFUGIO”. El contexto es inhóspito y solitario. Decidió entrar y pedir ayuda. Una monja franciscana la recibió, pero la menor de edad con miedo, dijo que sólo quería pedir informes para conocer el lugar. La madre le prohibió la entrada avisando que las chicas que vivían en la casa las había enviado la Fiscalía General del Estado y se cedió la patria potestad a la madre superiora, porque venían de condiciones vulnerables.

ZonaDocs preguntó vía transparencia si la Secretaria de Desarrollo Integral y Social ha otorgado dinero público al Instituto Médico Social El Refugio A.C., que opera el Centro de Atención a Niñas y Adolescentes Embarazadas. La dependencia declaró que se ha destinado 2 millones 552 mil 330 pesos de pesos, mediante tres convenios federales diferentes durante el 2016, 2017 y 2018. Tampoco El Refugio tiene registros actualizados a través de transparencia de estos donativos federales, por lo que podría ser más.

Samantha preguntó sobre las chicas que son atendidas en El Refugio y le notificaron que viven 19 menores de edad que ya son madres y otros 19 menores de edad que son sus hijos. La custodia de las diecinueve mamás adolescentes le pertenecen a la madre superiora, responsabilidad que el estado le otorgó.

Samantha se preguntó dónde estaban los padres de estas niñas y por qué permitirían que vivan ahí, con bebés que fueron producto de una agresión física, sexual, emocional y/o psicológica. La joven no quiso imaginar más; se pensó a sí misma embarazada, pariendo y entregando un bebé que nunca imaginó tener a los 16 años, “¿Cómo podría hacer mi vida otra vez?”, se cuestiona la joven.

Samantha supo haciendo su propia indagatoria de la Norma 046 que permitía que las menores de edad conozcansus derechos como víctimas de agresión sexual y si determinan interrumpir el embarazo, lo hagan sin denuncia penal de por medio.  Esta norma establece  que el sistema de salud pública es el responsable de hacer valer sus derechos y facilitarle los servicios para que interrumpa el embarazo sin consecuencias legales.

La incoherencia radica en que es el mismo gobierno del estado quien no emprende la norma de la mejor forma y, en unos casos entrega la custodia de 19 niñas embarazadas por violación a una religiosa franciscana y, en otros, por exigencia de la madre, de la familia, de organizaciones civiles, se aplica la NOM046 y accede a un aborto legal, pero no del todo seguro y libre de nuevas violencias institucionales que debe atravesar para lograr terminar con la larga tortura de transtornos físicos, náuseas y cólicos, derivados del violación y la gestación de un producto que no desea.

La alternativa, ¿Por qué?

Samantha está embarazada -producto del sexo consensuado con su novio- y en Jalisco ella es una menor de edad que tomó una mala decisión y debe pagar las consecuencias pariendo. No importa si no recibió información amplia y de calidad sobre sus derechos sexuales y reproductivos, no importa si la anticoncepción no sirvió y no importa, principalmente, si no desea continuar con el embarazo, para el estado y las autoridades gubernamentales plagadas de preceptos religiosos, está impedida de libremente, ejercer decisiones sobre su cuerpo.

Se acercó a una ONG que le brindó la información pertinente para poder interrumpir legalmente el embarazo viajando a la Ciudad de México, cosa que Samantha no puede pagar sola y su pareja hace hasta lo imposible para obtener los recursos para viajar. Samantha logró materializar el deseo de interrumpir el embarazo y lo cuenta procesando aún dolores emocionales, no por decir no tener al bebé, sino porque de por medio fue mal orientada, juzgada y criminalizada.

Una muerte incógnita.

Margarita pasó por la misma situación pero su historia no concluye como la de Samantha. Con menos de 12 semanas de embarazo recurrió al método casero adquiriendo unas pastillas de Misoprostol y siguió las instrucciones de internet en los foros que pululan en las redes sociales para orientar a mujeres en emergencia.

Tres horas después de consumir el Misoprostol, Margarita empezó a sentir agudos dolores en la parte baja de su abdomen, presión en su cabeza y a sudar. Se dio cuenta que le brotaba sangre por la vagina, pero no como indicaba en la página de internet que consultó, sino de una manera abundante. Samantha se encontraba sola en ese momento, llamó a su madre que al ver sus piernas sangrantes no dudó en llevarla al hospital más cercano.

Al llegar al centro de salud, ya no soportaba los dolores abdominales y la hemorragia se había prolongado. Los médicos que la recibieron observaron los síntomas y la dejaron unos momentos en la camilla; al volver, venían acompañados de dos oficiales que la llevaron al Ministerio Público, donde fue interrogada -sin un abogado presente- por sospecha de práctica de un aborto, es decir, un crimen en Jalisco que solo es justificable bajo el precepto de violación.

Según datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), de enero del 2007 a diciembre del 2016, procuradurías o fiscalías han emitido 4 mil 246 denuncias por el delito de aborto; en el mismo lapso de tiempo se han realizado 531 juicios penales y se han declarado 228 sentencias por la práctica ilegal del aborto. Asimismo, informan que del 2015 a mayo de 2018 se han abierto mil 486 averiguaciones previas por abortos inducidos.

El caso de Margarita se reproduce en muchas mujeres que resultan procesadas penalmente por decidir interrumpir el embarazo, haciendo una legislación que se deslinda de antecedentes personales de la mujer para tomar esta decisión y limitándose a criminalizar el aborto inducido.

Otra conclusión que denuncia GIRE es que las autoridades a las que se les solicitó información pública referente a los procesos penales por abortos sólo aportaron datos no sistematizados de homicidios relacionados a partos, sin especificar si fueron o no por abortos inducidos. Por lo tanto, es casi imposible obtener cifras de cuántas mujeres han sido acusadas por abortar y verlo así como un tema pertinente.

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en el Expediente 341/2018 informó que del 2013 a abril de 2018 se culparon a 7 mujeres y 5 hombres bajo el delito de aborto, estipulado en el artículo 228 del Código Penal del Estado de Jalisco. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Jalisco notificó incompetencia al solicitar la misma información.