OPINIÓN | El Papa y los generales II

 

Chriz Campos

Un número creciente de analistas refiere que el enfoque militarista de la seguridad socava las democracias de la región. La actual ola de militarización evoca la época de la Guerra Fría, cuando casi una docena de países de Latinoamérica estuvieron encabezados por gobiernos militares profundamente represivos. Asignarles a los militares un papel en la seguridad interna es sin duda un retroceso en los avances de la época democrática.

Incluso en México, donde nunca ha habido una dictadura militar, parece que nos preparan para ello con la Ley de Seguridad Interior, promulgada por Enrique Peña Nieto, en diciembre del año pasado, pues existen muchas dudas sobre el amplio papel del ejército que les otorga dicha ley.

Recordemos que los militares siempre han tenido un “papel tutelar” en la democracia mexicana. Las fuerzas armadas tienen la mayor capacidad en términos de inteligencia, táctica y armamento. Esto genera un fuerte incentivo para que el gobierno recurra permanentemente a la milicia para que ejerza funciones policiales.

Pero en algunos países la creciente influencia de los militares no se limita sólo a la seguridad ciudadana. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro nombró a altos oficiales militares para dirigir la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, empresa siderúrgica de propiedad estatal.

Desde el inicio de la administración de Daniel Ortega, en Nicaragua, diversos organismos de derechos humanos locales ha señalado todo un proceso de militarización absolutamente innecesario para una región que debe fortalecer la paz, estabilidad y sobre todo el desarrollo humano en aquellas regiones donde la población sufre de altos índices de pobreza.

Colombia, por su parte, encabezada por Juan Manuel Santos, informó a través de su canciller, María Ángela Holguín, que el pasado 20 de abril fueron desplegados 57 mil efectivos militares y policiales en la frontera con Ecuador, tras atribuirles el secuestro y asesinato de ciudadanos meridionales a presuntas “disidencias de las FARC”. Ese día se llevaron a cabo detenciones masivas en los departamentos colombianos Nariño y Valle del Cauca. Las detenciones fueron realizadas por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia. Entre los detenidos se encuentran líderes sociales y comunitarios, así como defensores y defensoras de DD.HH.

En cuanto a Brasil, “el esfuerzo contra la delincuencia no puede quedar sólo en Río (de Janeiro)”. Así lo expresó el presidente de ese país, Michel Temer. Así, el mandatario dejó abierta la posibilidad de la extensión de la militarización más allá de Río de Janeiro, pues la crisis de seguridad en dicha ciudad y también en el resto de Brasil hizo que el pasado 15 de febrero, en tiempos de carnaval, Temer tomara la decisión de militarizar la ciudad de Río de Janeiro. Esta medida representa la intervención federal en la seguridad pública ante la crisis que se presenta inmanejable.

Sin embargo, Temer quiere ir por más y está dispuesto a llevar la extensión de la intervención militar a otras ciudades de Brasil y por curioso que parezca, Río no es la más violenta del país ya que el nada glorioso puesto lo ocupa la ciudad de Natal.

La policía militar en Brasil es notoriamente violenta, y los grupos de Derechos Humanos han llamado la atención sobre el uso sistemático de la fuerza letal por parte de estas unidades. Un reciente informe a cargo de Macky Arenas, socióloga y periodista venezolana, indica que en 2016, el país registró 61,619 asesinatos, en promedio siete asesinatos por hora, una cifra récord en materia de seguridad. Este indicador superó por mucho el límite de 10 muertos por cada 100,000 habitantes que la ONU considera como violencia endémica. En el último trimestre de 2017, 113 policías habían sido “abatidos” en Río de Janeiro.

La militarización tiene varias facetas y puede implicar mucho más que aumentar el papel del ejército en la seguridad nacional. En muchos países de Latinoamérica, es cada vez más difícil distinguir entre unidades de policía y brigadas militares, al mismo tiempo que se diluye la distinción entre la guerra y la aplicación de la ley.

Recordemos que la militarización de las fuerzas policiales de Latinoamérica fue impulsada por la “guerra contra las drogas” apoyada por Estados Unidos.

En Argentina, por ejemplo, desde el inicio de su gestión, Mauricio Macri manifestó su deseo de ingresar a la órbita de países bajo el State Partnership Program (Programa de Colaboración Estatal) que coordina el Departamento de Defensa de Estados Unidos y en el que participa directamente la Guardia Nacional Norte Americana.

En concreto, en el caso argentino, el acuerdo se formalizó con la Guardia Nacional del Estado de Georgia y habilita a sus miembros para que operen en este país y tomen decisiones con y tomen decisiones con las fuerzas armadas locales o incluso por encima de ellas, en caso de considerarlo necesario, algo que ha generado mucho escozor, pues dicho acuerdo es total mente discrecional. El acuerdo se enmarca principalmente en zonas fronterizas y desastres naturales, aunque no se descarta la actuación de fuerzas militares estadounidenses ante conflictos sociales, con el objetivo de “mantener la paz”.

Los gobiernos latinoamericanos han prometido asiduamente que el despliegue de las fuerzas armadas es sólo una medida provisional, sin embargo, la falta de voluntad política obstaculiza los esfuerzos para que regresen a sus cuarteles. Mientras tanto, el ejército sigue en las calles de manera indefinida

A pesar de años de esfuerzos por una reforma integral en Venezuela, Honduras y México, las fuerzas policiales de estos tres países siguen siendo abrumadoramente corruptas. El claro ejemplo es la desaparición de 43 estudiantes en 2014 en Guerrero, México. Es el caso más sobresaliente de participación de la policía en actividades criminales, pero lamentablemente está lejos de ser el único.

Los desafíos son enormes, pero involucrar al ejército en tareas de seguridad interior presagia un futuro para Latinoamérica angustiosamente como la región más violenta del mundo. Y aún con la confianza y respeto que inspira el Papa sobre los generales del ejército, éstos también pueden arrebatarnos la esperanza, la confianza, incluso la fe, en medio de los daños colaterales.

 

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