OPINIÓN | Ser mujer, pobre e indígena.

ChrizCampos

Foto: Valentina Rosendo e Inés Fernández

Era marzo de 2002, Valentina Rosendo Cantú, indígena Me’phaa del estado de Guerrero, tenia apenas 17 años cuando fue agredida sexualmente por elementos del Ejército mexicano. El viernes primero de octubre de 2010, ocho años después de la agresión sexual en contra de Valentina, luego de recorrer un espinoso camino en pos de la verdad y justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó sentencia a su favor. El máximo tribunal en materia de derechos humanos en América Latina falló en contra del Estado mexicano por negar la justicia a Valentina. El tribunal demandó en su sentencia: la sanción para los responsables de los crímenes, la investigación de los hechos por la justicia civil y no por las instancias castrenses, la reparación de los daños, la seguridad de la víctima y su familia, y una disculpa pública.

 

Y, como ocurrió con las sentencias dictadas en los casos de Rosendo Radilla, de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, también se subrayó la necesidad de modificar el Código de Justicia Militar para que los delitos cometidos por militares sean investigados y sancionados por la justicia civil. Pero la respuesta de quienes no parecen dispuestos a ceder el control, y mucho menos a acatar las sentencias dictadas por un tribunal internacional, no se hizo esperar.

 

En aquel lejano 2010, el general Guillermo Galván ya era el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) con el mayor número de violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército en su historia reciente. Organizaciones de defensa de derechos humanos en México y algunos países miembros del Consejo de ddhh de la ONU, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han puesto en duda la constitucionalidad del Código de Justicia Militar, primero, porque nunca fue aprobado por el Congreso, sino por un decreto presidencial de 1933, y en segundo lugar por que se aplica por encima del artículo 113 de la Constitución. El mayor numero de quejas es motivado por cateos ilegales, tratos crueles y degradantes, ejercicio indebido de funciones, detenciones arbitrarias, robo, retenciones ilegales, amenazas e intimidación. En los casos de violaciones del derecho a la vida y a la integridad de los civiles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) resolvió dejar los casos en manos de la justicia militar, con el argumento de que se trata de actos cometidos durante el servicio.

 

En enero de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio a conocer que se analizaría el Código de Justicia Militar en una demanda promovida por la CNDH, la cual pedía evaluar la constitucionalidad de acciones de autoridades castrenses, como el requerimiento de documentos, información, diligencias y peritajes. Además, si puede considerarse a la policía ministerial militar y al Ministerio Público castrense autoridades competentes para tener acceso de manera directa a elementos objetivos que contienen datos personales en aras de investigar y sancionar delitos de la disciplina militar.

 

La sentencia de la Corte Interamericana halló culpable al Estado mexicano por la violación de Valentina Rosendo Cantú. Año y medio después, a finales de 2011, el gobierno mexicano reconoció públicamente su responsabilidad en el caso y pidió disculpas a Valentina. Ese fue el único avance en el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte.

 

A finales de 2013, la Procuraduría General de la República capturó y presentó ante un juez federal a cuatro integrantes del Ejército por su presunta participación en estos delitos: el cabo de Infantería Armando Pérez Abarca y el cabo jardinero Nemesio Sierra –agresores de Valentina-, así como el sargento segundo Hugo Humberto García de León y el cabo de transmisiones Salvador Aguilar Otáñez -implicados en la violación sufrida por Inés Fernández Ortega —otra mujer indígena Me’phaa de Guerrero— también agredida sexualmente en aquel sinuoso marzo de 2002. El caso igualmente llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos-. Dichos elementos castrenses asignados al 41 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano cuando, en 2002, este contingente fue desplegado en la sierra de Guerrero, como parte de la estrategia federal de combate al narcotráfico.

 

El pasado 1 de junio, después de 16 años, y tras casi ocho de que la Corte IDH emitiera su sentencia contra México por este caso, los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca fueron condenados a 19 años, cinco meses y un día de prisión por los delitos de violación y tortura contra Valentina. En esta histórica sentencia, la Jueza Séptima de Distrito del Vigésimo Primer Circuito del estado de Guerrero, reconoció que la violación sexual que sufrió Valentina constituyó una forma de tortura, misma que adquirió mayor gravedad por su condición de indígena y adolescente.

 

Hoy, Valentina Rosendo Cantú sabe que ser mujer, pobre e indígena no es un impedimento para acceder a la justicia, que su voz no puede ni podrá ser callada. Al mismo tiempo nos debe llevar a reflexionar sobre la justicia tardía, pues 16 años después me parece que estamos lejos de llamarle justicia, sí, esa justicia pronta y expedita que tanto cacaraquean nuestros funcionarios en aras de seguir construyendo un inexistente Estado de derechos.

 

Y a razón del triunfo de la izquierda en México para encabezar el Ejecutivo Federal, llegó el momento de la rendición de cuentas, pongamos sobre la mesa y llevemos al Congreso y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la discusión a fondo de la constitucionalidad del Código de Justicia Militar, la Ley de Seguridad Interior y por supuesto la urgente reforma integral, pues nuestras fuerzas policiales siguen siendo abrumadoramente corruptas.

Comentarios
Top