Piden Ley #3de3 completa en Jalisco

Por: Redacción (@ProyectoDiez)

05 de julio de 2016.– El Gobierno de Jalisco, el Instituto de Transparencia y las cúpulas empresariales, exhortaron al Congreso del Estado a que prevalezca la máxima de procurar la mayor publicidad en la llamada Ley #3de3 como en un principio se exponía.

Pese a que los Senadores aprobaron la Ley General de Responsabilidades Administrativas a conveniencia y no se obliga a que los datos de las declaraciones patrimoniales, fiscales, y de intereses de funcionarios se hagan públicas, la petición sigue siendo la misma.

Pedro Kumamoto, principal diputado impulsor de dicha propuesta y el primero en Jalisco en haber hecho pública su declaración en campaña electoral, coincide también con el líder de los legisladores de Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro.

“En Jalisco no tenemos pretexto, podemos tener nuestra ley con la máxima publicidad”, señala del Toro, mientras el legislador independiente considera que pueden “pugnar para que, por lo menos las declaraciones de intereses y patrimonial, sean abiertas”.

Por su parte, el coordinador de Transparencia del Gobierno Estatal, Guillermo Muñoz, dice estar a favor del principio de máxima publicidad al igual que el gobernador Aristóteles Sandoval, quien también publicó ya su #3de3.

“Independiente a la legislación estatal y para no contradecir los principios de la ley general, el Instituto de Transparencia (Itei) propone que los partidos políticos obliguen a los candidatos a cargos de elección popular a publicar su declaración 3 de 3, sumando a “magistrados, presidentes de órganos autónomos, el auditor superior, entre otros puestos…” señaló Cynthia Cantero titular del Itei.

La iniciativa privada, en voz de la Coparmex también reconocen que el publicar las declaraciones abona a que los ciudadanos conozcan el patrimonio de cualquier funcionario, y que así se compruebe que sus bienes coinciden con los ingresos reportados.

Destaca que este martes se vota el veto que el Presidente Enrique Peña Nieto, envió al Senado para que inhabilite el Artículo 32 de la Ley General. En él se expone que al obligar a particulares a presentar sus tres declaraciones cuando son proveedores o reciben recursos públicos, violaría su privacidad. Por lo que pretenden suspenderlo.

Con datos de El Informador

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