Carlos Riojas·

Foto: JosEnrique/Flickr

El ingreso o la falta de éste es una de las variables clave para entender los problemas de pobreza, independientemente desde la perspectiva que se aborde este fenómeno. Pero paradójicamente, concentrarse sólo en el ingreso resulta una visión bastante limitada de esta compleja condición humana.

Es común que el concepto de pobreza se relacione a nivel global con el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, sobre todo, a partir de la publicación del Informe sobre Desarrollo Humano de 1997, donde se introdujo por primera vez el Índice de Pobreza Humana. Dicho índice hace alusión a la falta de los requerimientos básicos para el desarrollo humano, su objetivo general ha sido medir la ausencia de satisfacción de las necesidades básicas de las personas (carencias).

Más que calcular el ingreso o concentrarse sólo en éste, lo que significa superar la visión de la pobreza sustentada sólo en lo material, se busca incluir en la discusión aspectos éticos y de capacidades, elementos cruciales que han cambiando radicalmente la perspectiva en las últimas dos décadas.

Lo anterior es esencial porque a través de los años se había propagado una noción de pobreza anclada en su monetización a nivel global, es decir, la tendencia había sido medirla por dólares per cápita diarios. Esta noción se gestó en el Banco Mundial (BM) para dar respuesta a los desafíos que este problema planteaba para la humanidad, pero detrás de tales iniciativas podemos detectar una estrategia político-económica, con un cierto matiz ideológico. La misión original del BM era la erradicación de la pobreza en el mundo, pero a través de su historia esta meta no siempre se ha seguido con la firmeza que amerita. Cualquier definición de pobreza es susceptible generar controversias, especialmente por las connotaciones políticas que ello puede desencadenar, es por ello, que el BM ha promovido la noción más reducida de pobreza, es decir, aquella vinculada fundamentalmente con el ingreso.

A principio de los años setentas, con la llegada de Robert McNamara a la presidencia del BM, el concepto pobreza, como uno de los ejes centrales de esta organización internacional, se dividió en absoluta y relativa. Con base en esta dicotomía, la nueva política del BM se concentró en la pobreza absoluta, la cual era susceptible de medirse, cuantificarse y, eventualmente, eliminarse. Mientras que la pobreza relativa conllevaba, según esta perspectiva del BM, una importante dosis de politización, así como los ellos conceptos de distribución y desigualdad. Por lo tanto, la pobreza absoluta, con su inherente connotación biológica, deviene más un problema económico que uno distributivo, capaz de calcularse, de generar indicadores y de medir los eventuales progresos en la materia. Fue por ello que durante la presidencia de McNamara se movilizaron importantes recursos para generar una serie de indicadores económicos y descripciones cualitativas sobre la pobreza. Un esfuerzo destacado en este sentido se dio en 1974 cuando el economista en jefe del Banco Mundial, Hollis Chenery, impulsó una obra colectiva denominada Redistribution with growth, donde argumentaba, contrario a las recomendaciones del Club de Roma, que no sólo bastaba con crecer, sino que era necesario implementar una política de distribución, contrario también a las sugerencias de Simon Kuznets. Fue en este contexto histórico cuando se monetizó la pobreza absoluta, donde se marcaron de manera arbitraria las líneas de pobreza sustentadas en el ingreso. A partir de entonces, estas líneas de pobreza ancladas fundamentalmente en el ingreso han sido una de las variables clave para medir de forma más exacta este fenómeno, pero no está por demás señalar su carácter incompleto y parcial que nos ofrece de la pobreza, cuyo origen es multidimensional.

Ingresos inferiores a la línea de bienestar

Para el caso de México también es posible detectar el ingreso como una variable asociada de forma múltiple con las carencias, y por ende con la pobreza; lo anterior ha sido reconocido tanto por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) como por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. Por lo que toca específicamente al CONEVAL, se reconoce a los ingresos inferiores a la línea de bienestar, entendidos como aquellos ingresos que son insuficientes para adquirir la canasta alimentaria y no alimentaria por persona al mes. A continuación exponemos brevemente el comportamiento de esta variable en Jalisco en el contexto del Centro Occidente de México (COM).

El porcentaje promedio de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar en el COM en 2010 fue de 51.84, un lustro después, hubo un ligero descenso a 49.72 por ciento. Para Jalisco en ambos años su promedio estuvo por debajo del promedio regional, es decir para 2010 fue 43.29 y 2015 43.81 por ciento, se ha mantenido prácticamente estancado. El estado que más problemas enfrenta en este sentido fue Michoacán, dado que en 2010 el porcentaje fue de 59.07, el cual aumentó en los siguientes cinco años al registrar el 62.37 por ciento. Colima fue el estado donde la situación era menos grave, en 2010 esta variable registró 39.58 por ciento, pero después aumentó a 40.98. Es decir, en términos generales más de la mita de la población en el COM padece una pobreza manifestada mediante ingresos inferiores a la línea de bienestar (Cuadro 1 y Gráfica 1).

Mientras que en el porcentaje de las personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar se muestra prácticamente constante, o en su defecto, con ligeros movimientos en el COM, las cifras absolutas nos indican que existe un aumento en el número de personas para esta zona, debido a que de 2010 a 2015 el incremento fue de 335,040; pasó de 12’775,073 a 13’,110,113 personas respectivamente, dicho crecimiento se explica por las contribuciones de los estados de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Los demás estados mostraron disminuciones en este sentido. Pero lo más destacable es que en términos absolutos Jalisco fue el responsable de más del 75 por ciento de este aumento, es decir, paso en 2010 de 3’232,603 a 3’484,680 en 2015, lo que significa aun aumento de 252,077 personas más en tan sólo un lustro (Cuadro 2 y Gráfica 2). Es importante recodar que es el estado más poblado, pero aún así las dimensiones del crecimiento de personas bajo esta situación es preocupante.

Ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo

Los ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo son aquellos ingresos que resultan insuficientes para adquirir el valor de la canasta alimentaria por persona al mes. El porcentaje de población total bajo estas circunstancias en 2010 en el COM fue 18.45, cinco años después la proporción descendió hasta 17.6. El estado que mayor porcentaje representó para el primer año indicado fue Zacatecas con el 29.7, mientras que Colima fue la entidad federativa con la menor proporción: 8.6; seguida de Jalisco (14.7 por ciento) y Aguascalientes (14.8 por ciento). Para 2015, la mayoría de los estados redujeron sus tasas, salvo Guanajuato (16.8 por ciento) y Michoacán (23.1 por ciento); Zacatecas continuó con el porcentaje más elevado no obstante que descendió casi cinco puntos al llegar al 24 por ciento. De igual forma Jalisco bajó su proporción al 10.7, manteniéndose como la segunda entidad federativa del COM con mejor porcentaje (Cuadro 3 y Gráfica 3).

A diferencia de la variable anterior, en esta ocasión las mejoras relativas se acompañaron también con sus similares expresados en término absolutos, aunque más modestos. Desde el punto de vista global para el COM, el número de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo se redujo en 209,790 personas. Pero al interior del conjunto observado el panorama es variado, cuatro entidades aumentaron sus cifras: Colima, Nayarit, Guanajuato y Michoacán, fue este último estado el que más aumento registró, un incremento de 107,897 personas.

En contra parte, los cuatro estados que más redujeron el número de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo fueron Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas, fue en Jalisco donde se registró la mayor reducción, al bajar de 1’098,245 a 852,958 personas, es decir, un descenso de 245,287. Si bien es cierto que estos descensos son importantes, no menos cierto es que deben tomarse con precaución porque aún existe una alta proporción de personas cuyos ingresos son insuficiente y contribuyen de manera directa a reproducir las condiciones de pobreza en la cual viven los habitantes de Jalisco (Cuadro 4 y Gráfica 4).

No obstante que el ingreso constituye una variable clave para la medición de la pobreza, es por sí misma incompleta para entender el fenómeno en su conjunto. Aún cuando este indicador mejore, la pobreza persiste, tanto en el COM como en Jalisco. Lo anterior nos sugiere que el problema se interconecta con otros factores, por lo tanto, faltaría agregar dos dimensiones esenciales como son las capacidades y la relación ética que se desprende de esta manifestación social. A ello se agregarían aspectos tales como el género, los grupos poblacionales, así como el tipo de asentamientos humanos (rural o urbano por ejemplo), que en su conjunto aumentan la complejidad. Por lo tanto, este enfoque de ingreso (perspectiva material), es reducido, limitado. Es necesario ampliarlo con otras carencias que resultan cruciales. Esperamos en futuras contribuciones concentrarnos en ellas desde una perspectiva que incluya a Jalisco.

• Departamento de Estudios Regionales- CUCEA/UdG (criojas@cucea.udg.mx).